El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró hoy que es "avance fundamental para la reforma del sistema de inteligencia" el proyecto de ley que obtuvo media sanción en el Senado porque los "cambios son una mejora significativa del funcionamiento actual del sistema y un avance fundamental para desarmar la autonomía de los servicios y sus relaciones con el poder judicial y político".
13-02-2015
"El proyecto de ley de inteligencia que tuvo media sanción acota el concepto de inteligencia nacional, contribuye a transparentar el sistema de utilización de fondos reservados, establece pautas más claras para la clasificación y acceso a la información, y prevé aplicar a los agentes de inteligencia las mismas reglas procesales que a los otros auxiliares de justicia cuando intervengan en investigaciones criminales", afirmó el CELS.
En ese sentido, la organización no gubernamental destacó como positivo que la iniciativa parlamentaria "quita del ámbito de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia, el organismo que se crea en sustitución de la Secretaría de Inteligencia) la unidad que realiza las interceptaciones telefónicas".
"Estos cambios son una mejora significativa del funcionamiento actual del sistema y un avance fundamental para desarmar la autonomía de los servicios y sus relaciones con el poder judicial y político", expresó la ONG en un comunicado en el que agregó: "El CELS hizo contribuciones sustantivas que fueron incorporadas al primer proyecto presentado por el Poder Ejecutivo".
Y añadió: "De esta manera, la reforma de la inteligencia nacional abarca a los principales puntos críticos: la histórica autonomía de los servicios de inteligencia, su relación con la justicia federal, la clasificación de la información y la transparencia de los fondos".
En ese sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales puntualizó: "El proyecto que se votó hoy en el Senado transforma las funciones históricas de los servicios de inteligencia ya que prohíbe de manera taxativa que realicen tareas represivas y policiales".
"También impide que la Agencia Federal de Inteligencia realice investigación criminal a menos que un juez fundamente la necesidad de su intervención. En esos casos, serán aplicadas las reglas procesales correspondientes tal como ocurre con los funcionarios de otras fuerzas de seguridad, cuya identidad es conocida y pueden declarar en la justicia", agregó.
"Al mismo tiempo, por primera vez una regulación de inteligencia nacional establece un principio de publicidad en materia de acceso a la información, incluida la referida a los fondos", destacó el CELS.
En ese sentido, la ONG resaltó que aunque el primer proyecto "no discriminaba los porcentajes del presupuesto que se mantenían en reserva", el aprobado "invierte ese principio general: todo el presupuesto será público, en principio, y estará sometido a los controles que consagra la Ley de Administración Financiera", y que "es imprescindible que el decreto reglamentario fije mecanismos para registrar y acreditar los gastos".
"La deserción de muchas fuerzas políticas, su ausencia del debate y la amenaza de derogar la norma en un futuro sin analizar sus alcances, mostró su falta de compromiso con la solución de los problemas de fondo que se expresaron en la coyuntura", manifestó el CELS en un comunicado de prensa.
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